SENTENCIAS

En conformidad con el artículo 3.2 b de la DIRECTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, no es necesario para que el Estado otorgue el permiso de residencia que la pareja  esté inscrita en ningún registro ni que se haya constituído en matrimonio, bastando con poder demostrar la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión Europea.

SENTENCIA

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Caso contra

(Sección 1ª) Caso Taddeucci y McCall contra Italia. Sentencia de 30 junio 2016
TEDH\2016\57
PROHIBICION DE DISCRIMINACION: Discriminación por razón de orientación sexual: denegación de permiso de residencia por razones familiares en Italia a ciudadano neozelandés, homosexual pareja de hecho de un ciudadano italiano: similar tratamiento a las parejas homosexuales y a las heterosexuales que no han regularizado su situación: medida desproporcionada: violación existente. OPINIONES CONCORDANTE Y DISIDENTE.
Jurisdicción: Protección Europea de Derechos Humanos
Demanda 51362/2009
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estima la demanda interpuesta por ciudadano italiano y ciudadano neozelandés contra la República de Italia, presentada el 15-09-2009, por considerar que la denegación de permiso de residencia por razones familiares a miembro de pareja homosexual vulnera los arts. 8 y 14 del Convenio.

En el asunto Taddeucci y McCall contra Italia,
El Tribunal europeo de Derechos Humanos (Sección Primera) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, Mirjana Lazarova Trajkovska, Presidente , Ledi Bianku, Guido Raimondi, Kristina Pardalos, Linos-Alexandre Sicilianos, Robert Spano, Pauliine Koskelo, así como Abel Campos, Secretario de Sección
Tras haber deliberado en privado el 31 de mayo de 2016,
Dicta la siguiente,
SENTENCIA

Procedimiento

1
El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 51362/09) dirigida contra la República de Italia, que un ciudadano italiano y un ciudadano neozelandés, los Sres. Roberto Taddeucci y Douglas McCall (“los demandantes”), presentan ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (RCL 1999, 1190 y 1572) (“el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ”) el 15 de septiembre de 2009.

2
Ante el Tribunal, los demandantes están representados por la Sra R.W. Wintemute, abogada en Londres. El gobierno italiano (“el Gobierno”) está representado por su agente, la Sra. E. Spatafora, y por su coagente, Sra P. Accardo.

3
En su demanda, los demandantes alegan que la negativa a otorgar al segundo demandante un permiso de residencia por razones familiares se interpreta como una discriminación basada en la orientación sexual.

4
El 10 de enero de 2012, se dio traslado de la demanda al Gobierno.

5
Los demandantes y el Gobierno demandado presentaron observaciones por escrito. Asimismo se recibieron comentarios por parte de cuatro organizaciones no gubernamentales ( International Commission of Jurists (ICJ), International Lesbian, Gay, Bisexual Trans and Intersex Association (ILGA) Europe , Network of European LGBT Families (NELFA) y European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL)), a quienes el presidente autorizó a intervenir ante la sala en el procedimiento escrito ( artículos 36.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y 44.3 del Reglamento del Tribunal (“el Reglamento”)

6
El 19 de junio de 2014 los demandantes solicitaron ante el Tribunal la celebración de una audiencia sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. El Tribunal estimó que tal audiencia no era necesaria en el presente asunto (artículos 54.5 y 59.3 del Reglamento del Tribunal).

Hechos

I. Circunstancias del asunto

7
El Sr. Taddeucci (“el primer demandante”) nació en 1965. El Sr. McCall (“el segundo demandante”) nació en 1958. Residen en Ámsterdam.

A. La solicitud del segundo demandante de un permiso de residencia por razones familiares

8
Los demandantes forman una pareja homosexual desde 1999. Residieron en Nueva Zelanda, como pareja no casada, hasta diciembre de 2003, fecha en que decidieron trasladarse a Italia motivado por el precario estado de salud del primer demandante.

9
Durante su primer periodo de residencia en Italia, el segundo demandante gozó de un permiso de residencia temporal como estudiante. A continuación solicitó un permiso de residencia por razones familiares, en virtud del Decreto legislativo núm. 286 de 25 de julio de 1998 (apartados 26-28).

10
El 18 de octubre de 2004, el jefe de policía de Livourne desestimó su solicitud debido a que no se cumplían los criterios previstos por la ley.

B. El procedimiento civil en primera instancia

11
El 27 de enero de 2005, los demandantes presentaron un recurso sobre el fondo del Decreto legislativo núm. 286 de 1998. Solicitaron la concesión al segundo demandante de un permiso de residencia por razones familiares.

12
Mediante sentencia de 4 de julio de 2005, el tribunal civil de Florencia admitió el recurso de los demandantes.

13
El tribunal señaló que los demandantes estaban reconocidos en Nueva Zelanda como pareja no casada, habiendo gozado el primer demandante de un permiso de residencia en dicho país por razones familiares en su condición de pareja no casada. En opinión del tribunal, la condición de pareja no casada de los demandantes no era contraria al ordenamiento público italiano, gozando las parejas de facto de un reconocimiento social y jurídico en el sistema italiano. En opinión del tribunal, el artículo 30 del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 (ap. 27) debía ser leído conforme a los principios establecidos por la Constitución, que llevaba a considerar a la pareja del mismo sexo como un “miembro de la familia” del ciudadano italiano y por tanto como sujeto con derecho a obtener un permiso de residencia.

14
En opinión del tribunal, el derecho reivindicado por el segundo demandante derivaba asimismo de los artículos 3 y 10 de la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) de 29 de mayo de 2004 del Parlamento europeo y del Consejo (ap. 29), reconociendo a la pareja de un ciudadano de la Unión Europea (UE) el derecho a obtener un permiso de residencia siempre que se hubiera probado la existencia de una relación duradera.

C. La apelación presentada por el ministro de Asuntos Interiores

15
El ministro de Asuntos Interiores presentó un recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de Florencia.

16
Por sentencia de 12 de mayo de 2006, el tribunal de apelación de Florencia admitió dicho recurso. Indicó que las autoridades neozelandesas habían admitido la condición de “pareja no casada” y no la de “miembro de la misma familia”.

17
Por una parte, según el tribunal de apelación, una lectura del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 tal como preconizaba el tribunal, que lleve a considerar “la pareja de hecho” como un “miembro de la familia” no era compatible con el sistema jurídico italiano, el cual, en su opinión, otorgaba a estos dos conceptos jurídicos dos ámbitos y significados diferentes. Por otra parte, el tribunal de apelación recordó que el Tribunal Constitucional había afirmado en numerosas ocasiones que una relación basada en la simple cohabitación, desprovista de estabilidad y de certeza jurídica, no podía ser equiparada en ningún caso a la familia legítima basada en el matrimonio.

18
El tribunal de apelación estimó que la legislación neozelandesa no cuadraba con el ordenamiento jurídico italiano debido en primer lugar a que consideraba como “parejas de hecho” a personas del mismo sexo, y, es más, podía ser interpretado como confiriendo a dichas personas la condición de “miembro de familia” a los fines de concesión de un permiso de residencia. Finalmente añadió que ni el derecho europeo a través de la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) (ap. 29), ni las disposiciones del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) europeo de derechos humanos obligaban a los Estados a reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo.

D. El recurso de casación de los demandantes

19
Los demandantes recurrieron en casación.

20
Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2008, cuyo texto fue presentado al secretario el 17 de marzo de 2009, el Tribunal de casación desestimó el recurso de los demandantes

21
El Tribunal de casación expuso en primer lugar que, con arreglo a los términos del artículo 29 del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 (ap. 28), el concepto de “miembro de la familia” solo incluye a los esposos, los menores, los niños mayes de edad que no eran autónomos por razones de salud y cuando los padres a cargo no disponen de un apoyo adecuado en su país de origen. Indicó asimismo que habiendo excluido el Tribunal Constitucional la posibilidad de ampliar a las parejas de hecho la protección reconocida a los miembros de la familia legítima, la Constitución no impone una interpretación amplia del citado artículo 29.

22
El Tribunal de casación estimó a continuación que tal interpretación no se derivaba tampoco de los artículos 8 y 12 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . De hecho, según él, estas disposiciones dejaban a los Estados un amplio margen de apreciación en cuanto a la elección de las modalidades de ejercicio de los derechos garantizados, y en especial en materia de gestión de la inmigración. El Tribunal de casación añadió también que no había en el presente asunto ninguna discriminación basada en la orientación sexual de los demandantes. En este sentido observó que la exclusión de las parejas no casadas del derecho a obtener un permiso de residencia por razones familiares, se refería tanto a parejas del mismo sexo como a parejas de sexo opuesto.

23
Finalmente juzgó que la Directiva europea núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) (ap. 29), trataba sobre la libre circulación de ciudadanos de la UE sobre el territorio de los Estados miembros distintos que el Estado de origen, no pudiendo aplicarse al presente asunto, dado que se refería al reagrupamiento familiar con un ciudadano italiano con residencia en su propio país.

E. El matrimonio de los demandantes

24
Habiendo tenido conocimiento del texto de la sentencia del Tribunal de casación, los demandantes abandonaron Italia en 2009. Se instalaron en los Países Bajos, donde, el 25 de agosto de 2009, el segundo demandante obtuvo un permiso de residencia de una duración de cinco años en tanto que pareja comprometida en una relación duradera con un ciudadano de la UE.

25
El 8 de mayo de 2010, los demandantes contrajeron matrimonio en Ámsterdam. Precisaron que eligieron contraer matrimonio por razones personales y no para obtener un permiso de residencia, dado que las autoridades neerlandesas ya habían expedido uno al segundo demandante. Añadieron que el matrimonio celebrado en los Países Bajos no les permitía vivir juntos en Italia. El 22 de agosto de 2014, el segundo demandante obtuvo un segundo permiso de residencia en los Países Bajos, válido para una duración de cinco años, es decir, hasta el 22 de agosto de 2019.

II. Legislación interna aplicable

26
El Decreto legislativo núm. 286 de 25 de julio de 1998 es el “Texto único de las disposiciones sobre la gestión de la inmigración y [las] normas sobre la condición de extranjero” ( Testo único delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ).

27
En virtud del artículo 30c) de este decreto, el permiso de residencia por razones familiares se concede “al miembro de la familia, extranjero y en situación regular, que cumple los criterios para el reagrupamiento familiar con un ciudadano italiano o de un Estado miembro de la UE que resida en Italia, o incluso con un extranjero que resida regularmente en Italia” (« al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia» ).

28
El artículo 29 del decreto se refiere al reagrupamiento familiar. Según el primer párrafo, un extranjero puede solicitar el reagrupamiento familiar para los siguientes miembros de su familia: “a) cónyuge no separado legalmente; hijos menores a cargo (…); padres a cargo; ascendientes o descendientes hasta un tercer grado, a cargo, no aptos para trabajar según la legislación italiana” (« a) coniuge non legalmente separato; b) figli minori a carico (…); c) genitori a carico; d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana» ).

III. Legislación y documentos europeos aplicables

A. Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364)

29
La Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) de 29 de mayo de 2004 del Parlamento europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, contiene las disposiciones siguientes:
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1) “Ciudadano de la Unión”: toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro.;
2) “Miembro de la familia” :
a) el cónyuge;
b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida;
c) los descendientes directos menores de 21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b);
d) los ascendientes directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b);
3) “Estado miembro de acogida”: el Estado miembro al que se traslada el ciudadano de la Unión para ejercer su derecho de libre circulación y residencia.»
Artículo 3
Beneficiarios
“1. La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.
2. Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a la residencia, el Estado miembro de acogida facilitará, de conformidad con su legislación nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas:
a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 del artículo 2 que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de residencia con carácter principal, o en caso de que, por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada.”
Artículo 10
Expedición de la tarjeta de residencia
“1. El derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión” a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud de una tarjeta de residencia. 2. Para la expedición de la tarjeta de residencia, los Estados miembros exigirán la presentación de los documentos siguientes:
(…)
f) en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.”

30
El Decreto legislativo núm. 30 de 6 de febrero de 2007 y la ley núm. 97 de 6 de agosto de 2013 transpusieron a la legislación italiana las disposiciones de la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) .

B. La resolución del Parlamento europeo de 2 de abril de 2009

31
El 2 de abril de 2009, el Parlamento europeo aprobó una resolución relativa a la aplicación de la Directiva 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) . Esta resolución disponía, entre otras cosas, que las sentencias dictadas por el Tribunal de justicia de la UE “el TJUE”) sobre la cuestión de la libre circulación, en especial en los asuntos Metock , Jipa y Huber , habían confirmado el principio según el cual “El nacional de un tercer país, cónyuge de un ciudadano de la Unión, que acompaña o se reúne con este ciudadano puede acogerse a las disposiciones de esa Directiva, independientemente del momento o del lugar en el que hubieran contraído matrimonio y sin necesidad de haber residido antes legalmente en ese país”.

32
Asimismo, considerando como problemática la interpretación restrictiva para los Estados miembros de la noción de “miembro de la familia” (artículo 2), de “cualquier otro miembro de la familia” y de “pareja” (artículo 3), especialmente en relación a las parejas del mismo sexo, y de su derecho a la libre circulación conforme a la Directiva 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) », el Parlamento insta a los Estados miembros:
“a que velen por el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) , no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino también a las parejas registradas, los miembros de la familia y las parejas del mismo sexo reconocidas por un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de su no reconocimiento por otro Estado miembro, de conformidad con los principios de reconocimiento mutuo, igualdad, no discriminación, dignidad, y vida privada y familiar; pide a los Estados miembros que tengan presente que la Directiva impone la obligación de reconocer la libre circulación de todo ciudadano de la Unión (incluidas las parejas del mismo sexo) sin imponer el reconocimiento del matrimonio entre cónyuges del mismo sexo.”

C. La Recomendación 1470 (2000) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE)

33
La Recomendación 1470 (2000) sobre la situación de gays y lesbianas y de sus parejas en materia de asilo e inmigración en los Estados miembros del Consejo de Europa dispone así en sus partes aplicables al presente asunto:
“1. La Asamblea recuerda y reafirma los principios de su Recomendación 924(1981) sobre la discriminación contra los homosexuales, Recomendación 1236(1994) sobre el derecho de asilo y su Recomendación 1327(1997) sobre la protección y el fortalecimiento de los derechos humanos de los refugiados y de los solicitantes de asilo en Europa.
2. la Asamblea está preocupada por el hecho de que las políticas de inmigración de la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa son discriminatorias contra los homosexuales. La mayoría de estos Estados, por ejemplo, no reconocen la persecución por razón de orientación sexual como un motivo válido para la concesión de asilo y no disponen de ningún tipo de derecho de residencia para los miembros de nacionalidad extranjera de parejas binacionales del mismo sexo.
3. Del mismo modo, las normas sobre reagrupamiento familiar y beneficios sociales, por regla general no se aplican a las parejas homosexuales.
(…)
6. Además, la Asamblea es consciente de que la negativa de la mayoría de los Estados miembros a conceder un derecho de residencia a los miembros de la nacionalidad extranjera de las parejas homosexuales binacionales está en el origen de situaciones muy dolorosas para muchas parejas homosexuales, quienes pueden encontrarse separadas por este hecho y estar obligadas a vivir en dos países diferentes. Estima que las normas aplicables a las parejas en materia de inmigración no deben establecer ninguna distinción entre las relaciones homosexuales y las relaciones heterosexuales. Por lo tanto, un documento que establezca la existencia de una relación estable, distinto que el certificado de matrimonio, debería poder ser admitido entre los elementos requeridos para la admisión en beneficio del derecho de residencia en el caso de las parejas homosexuales.
7. En consecuencia, la Asamblea recomienda al Comité de Ministros:
7.1. encargar a sus comités competentes::
(…)
c. definir las líneas directrices sobre el tratamiento de los homosexuales refugiados o miembros de una pareja binacional;
(…)
7.2. instar a los Estados miembros :
(…)
d. revisar su política en materia de derechos sociales y de protección de los migrantes, de tal manera que las parejas y las familias homosexuales sean tratados según las mismas reglas que las parejas y las familias heterosexuales;
e. tomar las medidas necesarias para que las parejas homosexuales binacionales se beneficien de los mismos derechos en materia de residencia que las parejas binacionales heterosexuales;
(…)
h. velar por que los agentes de los servicios de inmigración en contacto con los solicitantes de asilo y de las parejas homosexuales binacionales reciban una formación encaminada a tomar en consideración la situación específica de los homosexuales y de sus parejas.”

D. Recomendación 1686 (2004) de l’APCE

34
En su Recomendación 1686(2004) sobre la movilidad humana y el derecho al reagrupamiento familiar, la APCE recomienda al Comité de Ministros, entre otras cosas,
“(…) ;
iii. dirigir entretanto una recomendación a los Estados miembros exhortándoles:
a . a aplicar, cuando sea posible y adecuado, una interpretación amplia de la noción de “familia” y en particular a incluir en esta definición a los miembros naturales de la familia, las parejas, incluidas las parejas del mismo sexo, los hijos naturales, los hijos con custodia compartida, los hijos mayores a cargo y padres a cargo; (…)”

Fundamentos de derecho

I. Sobre la violación del artículo 14 del convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8

35
Los demandantes alegan que el rechazo a conceder al segundo demandante un permiso de residencia por razones familiares se interpreta como una discriminación basada en la orientación sexual.
Invocan a este respecto el artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8.
Estas disposiciones, disponen:
Artículo 14
“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.”
Artículo 8
“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

36
El Gobierno se opone a la tesis de los demandantes.

A. Admisibilidad

1. Excepción del Gobierno en base a la extemporaneidad de la demanda

A) Excepción del Gobierno

37
El Gobierno alega en primer lugar la extemporaneidad de la demanda. Indica que la decisión definitiva es la sentencia del Tribunal de casación de 30 de septiembre de 2008, cuyo texto se habría presentado al registro el 17 de marzo de 2009 (ap.20). No obstante, en su opinión los demandantes expusieron por primera vez el objeto de su demanda en una carta de fecha 15 de septiembre de 2009, que no habría llegado al registro del Tribunal hasta el 21 de septiembre de 2009, es decir, después de la expiración del plazo de seis meses establecido en el artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . El Gobierno añade asimismo que el formulario de demanda debidamente rellenado, que estaría fechado el 26 de noviembre de 2009, fue presentado para admisión del Tribunal el 30 de noviembre de 2009. Por lo tanto, en opinión del Gobierno, los demandantes no respetaron el plazo de ocho semanas que se les dio para presentar el mencionado formulario.

B) Réplica de los demandantes

38
Los demandantes solicitan al Tribunal que rechace la excepción del Gobierno. Declaran que la primera comunicación al Tribunal se envió vía fax el 15 de septiembre de 2009 y que el formulario de demanda se envió vía fax al registro del Tribunal el 26 de noviembre de 2009.

C) Valoración del Tribunal

39
El Tribunal observa que la carta de fecha 15 de septiembre de 2009 vino precedida de un fax, entregado al registro ese mismo día. La primera comunicación de los demandantes exponiendo, someramente, el objeto de su demanda fue entregado ante el Tribunal antes de la expiración del plazo de seis meses establecido en el artículo 35.1 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . El Tribunal señala a continuación que, en una carta de fecha 1 de octubre de 2009 el secretario invitó a los demandantes a presentar el formulario de demanda antes del 26 de noviembre de 2009, informándoles que el incumplimiento de la fecha límite podía dar como resultado que se tuviera en consideración como fecha de presentación de la demanda la fecha de recepción del formulario y no la de la primera comunicación. Los demandantes precedieron el envío de la formulación de la demanda de un fax, recibido en el registro el 26 de noviembre de 2009. Por lo tanto, respetaron el plazo que se les señaló en la carta de 1 de octubre de 2009. Poco importa que el 30 de noviembre de 2009 se presentara a la admisión del Tribunal otra copia del formulario.

40
En estas circunstancias, no puede admitirse la excepción del Gobierno basada en la extemporaneidad.

2. Otros motivos de inadmisibilidad

41
El Tribunal estima que esta queja no carece manifiestamente de fundamento, en el sentido del artículo 35.3a) del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . Señala, por último, que la demanda no se enfrenta a ningún otro motivo de inadmisibilidad. Por tanto, cabe declararla admisible.

B. Fundamentación

1. Sobre la aplicabilidad del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8

A) Argumentos de las partes

I. El Gobierno

42
El Gobierno considera que el artículo 14 no es de aplicación en el presente asunto. En su opinión, en los asuntos S. contra Reino Unido (núm. 11716/85, decisión de la Comisión de 14 de mayo de 1986, Informes y Decisiones (DR) 47, p. 274) y Röösli contra Alemania (núm. 28318/95, decisión de la Comisión de 15 de mayo de 1996), la Comisión indicó que la defensa de la familia era un objetivo legítimo que podía justificar una diferencia de trato y que las relaciones homosexuales duraderas entre dos hombres no dependían del derecho al respeto de la vida familiar protegido por el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . Asimismo, la Comisión habría considerado que la expulsión de un extranjero vinculado, en un Estado de acogida, por una relación del mismo sexo no era constitutivo de una injerencia en el derecho garantizado por esta disposición (( X y Y contra Reino Unido , núm. 9369/81, decisión de la Comisión de 3 de mayo de 1983, DR 32, p. 223, W.J. y D.P. contra Reino Unido , núm. 12513/86, decisión de la Comisión de 13 de julio de 1987, y C. y L.M. contra Reino Unido , núm. 14753/89, decisión de la Comisión de 9 de octubre de 1989).

43
El Gobierno expone a continuación que, reconociendo el margen de apreciación de que disponen los Estados en lo relativo a la protección de la familia tradicional, el Tribunal comenzó, a partir del 2010, a considerar al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) formas de convivencia afectiva entre personas del mismo sexo (véase, en especial, Kozak contra Polonia (TEDH 2010, 43) , núm. 13102/02, 2 de marzo de 2010). En el asunto Schalk y Kopf contra Austria (PROV 2010, 211641) (núm. 30141/04, TEDH 2010-IV), el Tribunal habría reconocido que las parejas del mismo sexo podían invocar su derecho al respeto de su vida familiar, pero el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no les garantizaba el derecho al matrimonio. Asimismo habría considerado que, cuando los Estados deciden ofrecer a las parejas homosexuales un modo de reconocimiento jurídico distinto del matrimonio, gozan de un cierto margen de apreciación para decidir sobre la naturaleza exacta de la condición (véase, especialmente, Gas y Dubois contra Francia (TEDH 2012, 26) , núm. 25951/07, ap. 66, TEDH 2012).

44
El Gobierno indica que, en el presente asunto, los demandantes reclamaron la concesión de un permiso de residencia por motivo familiar. Él cree que la discriminación que declaran haber padecido debe examinarse a la luz de la legislación italiana aplicable, es decir, los artículos 29 y 30 del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 (apds. 28 y 27). Es de la opinión de que, en virtud de dichos artículos, el estatuto de pareja de hecho no da la condición de “miembro de la familia” . Indica también que el Decreto legislativo núm. 30 de 6 de febrero de 2007 vino a ejecutar la Directiva europea núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) (apds. 29 y 30), según la cual el “miembro de la familia” es, entre otras cosas, “la pareja con la que el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida”. Sin embargo, en opinión del Gobierno, habiéndose producido la unión de los demandantes en Nueva Zelanda, es decir fuera del territorio de la UE, no podía ser reconocida a los efectos de esta disposición.

45
El Gobierno indica que, en los términos del artículo 3.1 de la Directiva mencionada, que fue transpuesta a la legislación italiana por la ley núm. 97 del 6 de agosto de 2013 (véase el ap. 30), el Estado de acogida debe favorecer la residencia de las siguientes personas. Él cita los siguientes: “a) cualquier otro miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad, (…) o en caso de que, por motivos graves de salud, sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia y b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada.” Considera que estas disposiciones no confieren el derecho a obtener el permiso de residencia solicitado: según él, por un lado, la persona enferma era el primer demandante, ciudadano italiano; por otra parte, corresponde a los Estados que como Italia, no garantizan a las parejas del mismo sexo un modo de reconocimiento jurídico, decidir si se cumplen las condiciones para obtener el permiso de residencia. El Gobierno concluye en este punto que las decisiones adoptadas por las autoridades italianas en este caso eran conformes con la legislación comunitaria. En cualquier caso, el segundo demandante no habría presentado ninguna solicitud en el sentido de la ley núm. 97 de 2013 y no se habría inscrito en el registro de la población residente en Cecina (Livorno) en tanto que persona conviviendo con el primer demandante.

46
El Gobierno también desea indicar que, en los términos del artículo 9 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE (LCEur 2000, 3480) , “ se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio .” (itálica añadida). En su opinión, de esta disposición se deduce que corresponde a los Estados miembros la competencia en materia de regulación de estos derechos.

47
Visto lo precedente, el Gobierno considera que los artículos 8 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no son de aplicación en el presente asunto, bien debido a la ausencia de las condiciones legales requeridas para reconocer al segundo demandante la condición de “miembro de la familia”, bien debido a la amplitud, en materia social, del margen de apreciación del Estado. Permaneciendo éste libre para decidir si las parejas homosexuales deben o no gozar de los mismos derechos reconocidos a la familia tradicional.

Ii. Los demandantes

48
Los demandantes se oponen a la tesis del Gobierno. Consideran que en su sentencia Schalk y Kopf (PROV 2010, 211641) (precitada, ap. 94), el Tribunal claramente dio un giro en su jurisprudencia respecto a la Comisión afirmando que la relación que mantiene una pareja homosexual que convive de facto y de manera estable, depende de la noción de “vida familiar”. Por tanto, en su opinión, el rechazo a conceder un permiso de residencia al segundo demandante les privó de cualquier posibilidad de vivir en Italia en tanto que pareja, y supuso la obligación legal, para el segundo demandante, de abandonar el país. En su opinión, se deduce que los hechos del presente asunto entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , lo que haría igualmente aplicable el artículo 14.

49
Además, los demandantes explican que, en 2003, cuando abandonaron Nueva Zelanda, las leyes de ese país no les permitían proporcionar un certificado que acreditara el registro de su convivencia, del que habrían podido, en su opinión, solicitar la transcripción en Italia. Por lo tanto habrían solicitado la concesión de un permiso de residencia por motivos familiares en tanto que miembros de una pareja de una relación duradera. Sin embargo, en su opinión, el artículo 29.1 del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 (ap. 28) especificaba que sólo el esposo y no la pareja, era un “miembro de la familia”. En cuanto al Decreto legislativo núm. 30, de 2007, que transpuso a la ley italiana la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) (apds. 29-30), los demandantes consideran que se aplican a los casos, irrelevantes en el presente asunto, de ciudadanos de la UE residentes en Italia o ciudadanos italianos que habrían vuelto a su país de origen después de haber residido en otro Estado de la UE. Sostienen que la inaplicabilidad de la Directiva en cuestión a la situación “interna” del primer demandante, ciudadano italiano que residió en Italia de 2003 a 2009 sin haber vivido previamente en ningún otro Estado de la UE, fue confirmado por el TJUE y por la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las líneas directrices destinadas a mejorar la transposición y la aplicación de la Directiva 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) . (COM/2009/0313 final).

50
En opinión de los demandantes, siendo cierto que, conforme a los términos de la legislación de la UE, Italia sigue siendo libre para regular las “situaciones internas” como la presente, no lo es menos que estas mismas situaciones deben ser tratadas de conformidad con los artículos 8 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . La emergencia de un consenso europeo sobre los derechos de inmigración de las parejas homosexuales sería también el resultado del artículo 3.2 b) de la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) (ap. 29), en cuyos términos “el Estado miembro de acogida favorece, de acuerdo a su legislación nacional, la entrada y la residencia de la pareja con quien el ciudadano comunitario mantiene una relación duradera debidamente acreditada”. Los demandantes añaden que, en su comunicación COM/2009/0313, precitada, la Comisión Europea precisó que dicha acreditación podría ser proporcionada por “todos los medios adecuados”.

51
En su opinión, la ley núm. 97 de 2013 (ap. 30) transpuso efectivamente a la legislación italiana el artículo 3 de la Directiva núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) . Sin embargo, este artículo no confería claramente al segundo demandante un derecho a la obtención del permiso de residencia. En cualquier caso, suponiendo que tal permiso pudiera ser concedido a partir de septiembre de 2013, no es menos cierto, según ellos, que al segundo demandante se le negó la posibilidad de residir en Italia desde 2004 y fue víctima de las consecuencias de este rechazo durante muchos años.

52
Los demandantes también afirman que el Tribunal de Reggio Emilia concedió un permiso de residencia por razones familiares a un ciudadano uruguayo que se había casado con un ciudadano italiano en España. Añaden que, después de esta decisión, se expidieron otros treinta permisos de residencia similares a otros ciudadanos extracomunitarios formando parejas homosexuales con ciudadanos italianos a partir de matrimonios o uniones civiles celebradas en países de la UE distintos de Italia.

B) Valoración del Tribunal

53
El Tribunal recuerda que el artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) complementa las demás disposiciones normativas del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y sus Protocolos. No tiene ninguna existencia independiente, ya que sólo se aplica “al goce de los derechos y libertades” que garantizan. De hecho, puede entrar en juego incluso sin un incumplimiento en sus exigencias y en este sentido, posee un sentido autónomo, pero no puede aplicarse si los hechos del caso no entran en el ámbito de al menos una de las mencionadas disposiciones ( E.B. contra Francia (TEDH 2008, 4) [GS], núm. 43546/02, ap. 47, 22 de enero de 2008, Vallianatos y otros contra Grecia (PROV 2013, 343829) [GS]) núms. 29381/09 y 32684/09, ap. 72, TEDH 2013 Hämäläinen contra Finlandia (TEDH 2014, 50) [GS], núm. 37359/09, ap. 107, TEDH 2014).

54
En el presente asunto, los demandantes alegan que el rechazo de la solicitud del segundo demandante de obtener un permiso de residencia por motivos familiares supuso un obstáculo a su deseo de seguir viviendo juntos en Italia. El Tribunal deberá determinar, por tanto, si estos hechos entran dentro del ámbito del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

55
En ese sentido, recuerda, que, siguiendo un principio de derecho internacional bien establecido, los Estados pueden, sin perjuicio de los compromisos contraídos en virtud de los tratados, controlar la entrada y residencia de extranjeros sobre su suelo. El Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no garantiza a un extranjero el derecho a entrar o residir en un país en concreto (véase, por ejemplo, Nunez contra Noruega (PROV 2011, 222766) , núm. 55597/09, ap. 66, 28 de junio de 2011). El corolario del derecho de los Estados a controlar la inmigración es que los extranjeros – y por lo tanto, en este caso, el segundo demandante – tienen la obligación de someterse a los controles y procedimientos de inmigración y abandonar el territorio del Estado en cuestión al recibir la orden, si la entrada o residencia en el territorio son válidamente rechazados ( Jeunesse contra Países Bajos (PROV 2014, 247419) [GS]) núm. 12738/10, ap. 100, 3 de octubre de 2014).

56
El artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no podría interpretarse como suponiendo para el Estado contratante una obligación general de respetar la elección, por parte de una familia, de su domicilio en común y aceptar la instalación de los cónyuges no nacionales en el país o permitir la reunificación familiar en su territorio ( Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra Reino Unido (TEDH 1985, 8) , 28 de mayo de 1985, ap. 68, serie A núm. 94, Bouhadef contra Suiza (dec.), núm. 14022/02, 12 de noviembre de 2002, Kumar y Seewoochurn contra Francia (dec.), núms. 1892/06 y 1908/06, 17 de junio de 2008 y Baltaji contra Bulgaria (PROV 2011, 235987) , núm. 12919/04, ap. 30, 12 de julio de 2011). Sin embargo, en ciertos casos, las decisiones adoptadas por los Estados en materia de inmigración pueden constituir una injerencia en el ejercicio del derecho al respeto de la vida privada y familiar, protegida por el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , particularmente cuando las partes interesadas mantienen, en el Estado de acogida, vínculos personales o familiares suficientemente fuertes para verse seriamente comprometidos en el caso de aplicación de la medida en cuestión (véase, por ejemplo, Moustaquim contra Bélgica (TEDH 1991, 3) , 18 de febrero de 1991, ap. 36, serie A núm. 193, Dalia contra Francia (TEDH 1998, 5) , 19 de febrero de 1998, ap. 52, Repertorio de sentencias y decisiones 1998-I, y Hamidovic contra Italia (PROV 2012, 377338) , núm. 31956/05, ap. 37, 4 de diciembre de 2012).

57
En el presente asunto, el Tribunal señala que los demandantes, que forman una pareja homosexual desde 1999, se instalaron en Italia en diciembre de 2003 (véase el ap. 8). El segundo demandante pudo residir inicialmente gracias a una tarjeta de residencia temporal de estudiante (ap. 9). Cuando, el 18 de octubre de 2004, el jefe de policía de Livorno se negó a concederle un permiso de residencia por motivos familiares (ap. 10), los demandantes ya convivían en Italia desde hacía diez meses.

58
El Tribunal recuerda que, en su sentencia Schalk y Kopf (PROV 2010, 211641) (precitada, ap. 94), declaró que era artificial tener en cuenta que, en lugar de una pareja heterosexual, una pareja homosexual no pudiera conocer una “vida familiar” a efectos del artículo 8. Por lo tanto consideró que la relación que mantenían los Sres. Schalk y Kopf, una pareja homosexual que convivía de facto de manera estable, derivaba del concepto de “vida familiar” de la misma manera que una pareja heterosexual en la misma situación (véase también X y otros contra Austria (PROV 2013, 53791) [GS], núm. 19010-07, ap. 95, TEDH 2013). El Tribunal no observa ninguna razón para llegar a conclusiones diferentes en lo relativo a los demandantes en el presente asunto.

59
Señala además que el Gobierno no se opone a que la negativa a otorgar un permiso de residencia al segundo demandante, negativa que fue confirmada por el Tribunal de casación, supuso para la persona en cuestión la obligación legal de abandonar Italia (ap. 48). Por tanto, esta circunstancia impidió que los demandantes siguieran viviendo juntos en ese país. Asimismo constituyó una injerencia en uno de los elementos esenciales de su “vida familiar” tal como habían deseado organizarla y por tanto, en su derecho al respeto de ésta como garantiza el artículo 8 Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

60
Con respecto al argumento del Gobierno según la cual no son de aplicación los artículos 8 y 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) debido a la ausencia, tanto en el derecho italiano y comunitario, de las condiciones legales requeridas para el reconocimiento al segundo demandante de su condición de “miembro de la familia” (apds. 44 a 47), el Tribunal observa que la posible existencia de un fundamento jurídico que justifique la negativa a otorgar el permiso de residencia no implica necesariamente que no haya tenido lugar una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada y familiar de los interesados. Esta base jurídica tampoco permite que el Estado demandado decline toda responsabilidad al amparo del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) (véase, por ejemplo y mutatis mutandis, Thlimmenos contra Grecia (TEDH 2000, 122) [GS], núm. 34369/97, ap. 48, TEDH 2000-IV).

61
En cuanto a la duración de la injerencia en causa, el Tribunal señala que comenzó el 18 de octubre de 2004, fecha del primer rechazo de la solicitud de permiso de residencia (ap. 10), y terminó a más tardar en julio de 2009, cuando, como consecuencia de la presentación en el registro, el 17 de marzo de 2009, de la sentencia firme del Tribunal de casación desestimando el recurso de los demandantes, estos decidieron abandonar Italia e instalarse en los Países Bajos (ap. 24). Esta injerencia duró alrededor de cuatro años y nueve meses.

62
Habiendo delimitado el Tribunal el período a tener en cuenta en el presente asunto, es inútil cualquier especulación buscando establecer si las circunstancias ocurridas después de julio de 2009 habrían abierto al segundo demandante la posibilidad de obtener el permiso en cuestión. El Tribunal por tanto tampoco considera necesario examinar la cuestión de si, habiendo contraído matrimonio en Ámsterdam el 8 de mayo de 2010 (véase el ap. 25), el segundo demandante podría beneficiarse de la jurisprudencia italiana, citada en el apartado 52, que reconoce el derecho al permiso de residencia por motivos familiares a ciudadanos extracomunitarios que forman parejas homosexuales con ciudadanos italianos en base a matrimonios celebrados en países de la UE distintos de Italia, o incluso si este mismo derecho podría surgir de la transposición a la legislación italiana por la ley núm. 97 del 6 de agosto de 2013, del artículo 3.1 de la Directiva europea núm. 2004/38/CE (LCEur 2004, 2226 y LCEur 2007, 1364) estableciendo que el Estado de acogida debe favorecer la estancia, entre otros, de “la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable, debidamente probada.” (apartados 29-30, 45 y 51).

63
Se deduce que los hechos en causa, estando limitados entre el 18 de octubre de 2004 y julio de 2009 entran dentro del ámbito del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y que es de aplicación el artículo 14 en relación con esta disposición.

2. Sobre la observancia del artículo 14 en relación con el artículo 8

A) Argumentos de las partes

I. El Gobierno

64
El Gobierno considera que los demandantes no fueron objeto en Italia, de una discriminación prohibida por el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) . Cita en primer lugar la sentencia núm. 138 del 15 de abril de 2010, donde el Tribunal Constitucional declaró que la unión homosexual, es decir, la convivencia entre dos personas del mismo sexo, debe considerarse como una “formación social” en el sentido del artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, según el Gobierno, para proteger situaciones específicas, las parejas del mismo sexo tienen el derecho de solicitar un trato paritorio, es decir, comparable al de una pareja casada (la sentencia núm. 138 de 2010 se describe en la sentencia Oliari y otros contra Italia (PROV 2015, 189961) , núms. 18766/11 y 36030/11, apds. 15-18, 21 de julio de 2015). Los derechos civiles de las parejas del mismo sexo y de las parejas heterosexuales no casadas son también objeto de un debate en varios Estados europeos y en el seno del Parlamento italiano, a la luz, entre otras cosas, de la jurisprudencia del Tribunal y de los documentos del Consejo de Europa.

65
Sin embargo, según el Gobierno, el hecho de que un número de Estados haya promulgado leyes sobre uniones civiles, en nada obliga a Italia a hacer lo mismo, disponiendo todavía el Parlamento nacional de su margen de apreciación. El Gobierno declara que el Tribunal Constitucional lo reconoció en su sentencia núm. 138 de 2010, pronunciada después de la presentación de la solicitud de un permiso de residencia por motivos familiares del segundo demandante.

66
Asimismo, el Gobierno indica que en su sentencia núm. 4184 de 15 de marzo de 2012, el Tribunal de casación afirmó que las parejas homosexuales podían invocar ante los tribunales internos los mismos derechos que los reconocidos a las parejas heterosexuales y denunciar, en su caso, la inconstitucionalidad de las leyes en cuestión. Añade que, en el asunto de los demandantes, el Tribunal de casación no se basó en la orientación sexual de los demandantes para dictar su decisión, sino que tomó en consideración la legislación italiana en materia de inmigración, modificada por las disposiciones europeas aplicables.

67
Finalmente, el Gobierno confirma su compromiso a favor de la protección de las personas lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT) y en contra de la homofobia que condujo a la creación de la Oficina Nacional contra las Discriminaciones Raciales (UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali ). Añade que este órgano fue acogido favorablemente por la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia (ECRI) – véase el informe sobre Italia publicado el 21 de abril de 2012 (CRI(2012)2)- y por el Comisario para los derechos humanos (véase el informe de 18 de septiembre de 2012, CommDH(2012)26, sobre la visita del Comisario a Italia del 3 al 6 de julio de 2012).

Ii. Los demandantes

68
Los demandantes alegan que han sido víctimas de una discriminación basada en su orientación sexual. Refiriéndose a la sentencia Schalk y Kopf (PROV 2010, 211641) (precitada, ap. 103), en la que el Tribunal sostuvo que no era necesario examinar la cuestión de si la ausencia de reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo en Austria antes del 1 de enero de 2010 suponía la violación del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8, indican no obstante que, en su opinión disidente conjunta, los jueces Rozakis, Spielmann y Jebens respondieron afirmativamente. En opinión de los demandantes, esta opinión se aplica a fortiori a uno de los derechos derivados del matrimonio, es decir, la posibilidad de que el miembro de la pareja no residente en un Estado de la UE pueda obtener un permiso de residencia por motivo familiar.

69
Los demandantes exponen luego, que las sentencias núm. 138 de 2010 del Tribunal constitucional (ap. 64) y núm. 4184 de 2012 del Tribunal de casación (ap. 66) establecieron, a favor de las parejas homosexuales estables, el derecho a un trato similar al de las parejas casadas. Lamentan que, a pesar de estos avances jurisprudenciales, el poder legislador italiano no haya intervenido para regular este derecho en el marco de las “situaciones internas” como la suya.

70
Al igual que las terceras partes intervinientes (apds. 74-80), los demandantes explican que reservar algunos derechos sólo a las parejas heterosexuales casadas en los países donde no se reconoce el matrimonio a las parejas del mismo sexo, puede ser interpretado en principio como una discriminación indirecta basada en la orientación sexual. Esta conclusión, según ellos, fue confirmada por el informe titulado “homofobia y discriminación por orientación sexual en los Estados miembros de la UE, parte I – análisis jurídico”, publicado en junio de 2008 por la Agencia para los derechos fundamentales de la Unión Europea (FRA); Según este organismo, las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos recomiendan bien que las parejas del mismo sexo puedan tener acceso a una forma de pareja registrada que les proporcione los mismos derechos que el matrimonio, bien que su relación duradera de facto les dé acceso a dichas ventajas.

71
Los demandantes invocan asimismo la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2009, por el Judicial Committee of the Privy Council del Reino Unido en el asunto Rodriguez v. Minister of Housing ([2009] UKPC 52 – Privy Council Appeal núm. 0028 de 2009) que califica de discriminatoria una política que excluiría que las parejas del mismo sexo de una relación estable tuvieran acceso a contratos de alquiler conjunto ( joint tenancies ). Indican además que, en su dictamen de 15 de julio de 2010 en el asunto de Römer c. Freie und Hansestadt Hamburg (TJCE 2011, 125) (asunto C-147/08), el abogado general del TJUE declaró que el hecho de no admitir ninguna forma de unión legalmente reconocida a personas del mismo sexo podría considerarse como constitutiva de una discriminación vinculada con la orientación sexual. Mantienen que entre las sociedades democráticas está surgiendo un consenso que desea, según ellos, que un gobierno no pueda reservar un determinado derecho o beneficio a parejas casadas y negar dicho acceso a las parejas homosexuales con el pretexto de que las personas en cuestión no están casadas.

72
Los demandantes también indican que 24 Estados miembros del Consejo de Europa han adoptado leyes que permiten registrar su relación a las parejas del mismo sexo (un estudio sobre esta cuestión, actualizado a 30 de junio de 2015, figura en la sentencia Oliari y otros (PROV 2015, 189961) , precitada, apds. 53 a 55), y que en al menos 31 Estados existe la posibilidad de obtener un permiso de residencia, para una misma pareja homosexual extracomunitario. Estiman que el consenso europeo sobre esta cuestión es en la actualidad más amplio que el que existía en la época de las sentencias Schalk y Kopf (PROV 2010, 211641) y Gas y Dubois (TEDH 2012, 26) (precitadas).

73
Finalmente, los demandantes precisan que el objeto de su demanda no es obtener ni el derecho al matrimonio ni el acceso a una forma de pareja registrada. Explican que lo único que solicitan al Tribunal es que desarrolle la jurisprudencia Karner contra Austria (TEDH 2003, 50) (núm. 40016/98, TEDH 2003-IX) y que afirme que negar a las parejas del mismo sexo la posibilidad de obtener un permiso de residencia por razones familiares es discriminatorio. Consideran que en lo que respecta a otros derechos reconocidos a las parejas casadas, el Tribunal podrá decidir caso por caso, distinguiendo por ejemplo, el derecho a obtener el permiso de residencia del derecho a la adopción. Así, en su opinión, llegar a la conclusión de una violación del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en el presente asunto, no sería incompatible con las conclusiones a las que llegó el Tribunal en su sentencia Gas y Dubois (TEDH 2012, 26) (precitada).

Iii. Terceras partes intervinientes

α) International Commission of Jurists (ICJ), International Lesbian, Gay, Bisexual Trans and Intersex Association (ILGA) Europe et Network of European LGBT Families (NELFA)

74
La ICJ, la ILGA-Europe y la NELFA presentaron informaciones tendentes a demostrar que varias jurisdicciones en el mundo consideran al miembro de una pareja del mismo sexo comprometido en una relación estable y duradera como un “miembro de la familia”, y esto con independencia del hecho de que la pareja tenga la posibilidad de contraer matrimonio o de obtener alguna forma de reconocimiento legal.

75
Los terceros intervinientes declaran haber revisado en primer lugar la legislación y la práctica de varios Estados no europeos (Sudáfrica, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Israel y Nueva Zelanda) que permiten a las parejas del mismo sexo emigrar y residir en sus respectivos países de origen, antes de abordar el concepto de “familias funcionales” ( functional families ). Este concepto, en lugar de centrarse en la identidad y el género de individuos comprometidos en una relación, buscaría establecer si dicha relación cumple o no ciertas características esenciales (cooperación económica, participación en las responsabilidades domésticas, existencia de vínculos afectivos). Según ellos, gracias a este concepto, los tribunales de algunos países (Sudáfrica, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Israel y Reino Unido) han reconocido a las parejas del mismo sexo no casadas como “familias” o como “esposos de facto ” con el fin de darles acceso a ciertos beneficios (económicos o no).

76
Finalmente, la ICJ, la ILGA-Europa y la NELFA indican que la diferencia de trato entre parejas del mismo sexo que no tienen acceso al matrimonio y las parejas casadas fue considerado por los tribunales sudafricanos, canadienses y americanos como una forma de discriminación indirecta (es decir, una discriminación resultante de los efectos negativos que las leyes aparentemente neutras tienen para un cierto grupo que merece protección). Especifican, en concreto que, cuando las parejas del mismo sexo no pueden casarse, su situación no es comparable a la de las parejas heterosexuales no casadas sino a la de las parejas heterosexuales casadas. Asimismo se deduce de la jurisprudencia de la Comisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que señaló que las parejas heterosexuales pueden decidir libremente contraer matrimonio.

77
Visto lo precedente, la ICJ, la ILGA-Europe y la NELFA estiman que existe, a nivel mundial, una “tendencia significativa” (“ significant trend” ) a favor del reconocimiento a las parejas del mismo sexo de la condición de “miembros de la familia”, de su derecho a vivir juntos así como otros beneficios de los que gozan las parejas heterosexuales.

β) European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL)

78
La ECSOL indica en primer lugar que un análisis del derecho de la UE demuestra la importancia que tiene acordar prioridad a las relaciones y la reunificación familiar basándose en que la libertad de movimientos debe ejercerse en condiciones objetivas de libertad y dignidad. Así, según la ECSOL, los Estados miembros deben facilitar al menos la entrada y residencia en el país de acogida de la pareja del mismo sexo, esforzándose en identificar el impacto que un posible rechazo a conceder una permiso de residencia podría tener in concreto sobre la vida privada y familiar de las personas afectadas.

79
La ECSOL presenta a continuación un estudio de derecho comparado sobre la posibilidad de que parejas del mismo sexo obtengan un permiso de residencia en el país anfitrión. Este estudio se centra en la legislación de 32 Estados miembros del Consejo de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania, Rusia, Serbia, Suecia y Suiza). Se deduce:
– que al menos 24 Estados no ejercen ninguna discriminación basada en la orientación sexual al conceder un permiso de residencia y establecen mecanismos a este efecto (dejando, en ciertos casos, un margen de apreciación a las autoridades internas competentes);
– que 22 Estados reconocen, al menos en cierta medida, el derecho a un permiso de residencia a parejas del mismo sexo no casadas y sin haber registrado su unión civil;
-que algunas jurisdicciones estiman que, cuando en el país no se puede registrar una unión formal, en especial el matrimonio, la debida acreditación de la existencia de una relación estable y duradera puede llevar a la concesión por las autoridades de un permiso de residencia; -que una discriminación indirecta puede ser resultado de la falta de trato diferente de diferentes situaciones (por ejemplo, la negativa a reconocer la existencia de obstáculos legales al matrimonio para parejas del mismo sexo);
-que los tribunales de algunos Estados han reconocido que en materia de inmigración de la pareja de facto del mismo sexo, el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) desempeña un papel en la protección de la vida privada y familiar de las personas implicadas;
-que surge un consenso europeo en materia de inmigración, que desea que la unión entre personas del mismo sexo sea vista como una “vida familiar”.

80
En opinión de la ECSOL, un rechazo generalizado y apriorístico a reconocer a una pareja homosexual binacional el derecho a residir en el país de acogida viola el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) leído solo o en relación con el artículo 14. Además, para la ESCOL las parejas del mismo sexo sufren una discriminación en base a su orientación sexual debido a que, en varios Estados miembros del Consejo de Europa, tienen prohibido contraer matrimonio.

B) Valoración del Tribunal

I. Sobre el hecho de saber si existe diferencia de trato entre personas que se encuentran en situaciones similares o trato igual de personas que se encuentran en situaciones significativamente diferentes

81
Según la jurisprudencia bien establecida del Tribunal, solo puede plantearse una cuestión al amparo del artículo 14 cuando existe una diferencia de trato en personas en situaciones comparables ( Hämäläinen (TEDH 2014, 50) , precitado, ap. 108), o cuando los Estados no aplican un tratamiento diferente a las personas cuyas situaciones son significativamente diferentes ( Thlimmenos (TEDH 2000, 122) , precitada, ap. 44 in fine ). En este sentido, el Tribunal recuerda que el artículo 14 no prohíbe que un Estado miembro trate de manera diferente a algunos grupos para corregir “las desigualdades de hecho” entre ellos. De hecho, en algunas circunstancias, la ausencia de un trato diferente para corregir una desigualdad puede suponer en sí misma la violación de la disposición en causa (asunto “ relativo a determinados aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica” contra Bélgica (TEDH 1968, 3) (fondo), 23 de julio de 1968, ap. 10, serie A núm. 6, Stec y otros contra Reino Unido (TEDH 2006, 28) [GS], núms. 65731/01 y 65900/01, ap. 51, TEDH 2006 VI, y Muňoz Díaz contra España (TEDH 2009, 140) núm. 49151/07, ap. 48, TEDH 2009). Además, el Tribunal ya ha admitido que una política o una medida general que haya afectado desproporcionadamente a un grupo de personas puede considerarse como discriminatoria aunque no esté específicamente destinada a este grupo y no haya ninguna intención discriminatoria. Tal situación se analiza como una “discriminación indirecta”. No obstante, solo será así si esa política o esa medida carezca de una justificación “objetiva y razonable” (véase, entre otros, Baio contra Dinamarca (PROV 2016, 121381) [GS], núm. 38590/10, ap. 91, 26 de mayo de 2016;) S. A.S. contra Francia [GS], núm. 43835/11, ap. 161, TEDH 2014 (extractos); D.H. y otros contra República Checa (PROV 2007, 329300) [GS], núm. 57325/00, ap. 184, TEDH 2007-IV; y Hugh Jordan contra Reino Unido (TEDH 2001, 330) , núm. 24746/94, ap. 154, 4 de mayo de 2001).

82
En el presente asunto, en opinión del Tribunal, no parece que los demandantes, una pareja homosexual no casada hayan sido tratados de manera diferente que una pareja heterosexual no casada. La legislación interna solo reconoce la condición de “miembro de la familia” al “cónyuge” y no a la pareja (apds. 27-28), por tanto es razonable pensar que al igual que el segundo demandante, también se habría rechazado en Italia el permiso de residencia por razones familiares a una pareja heterosexual extracomunitaria. De hecho, como ya ha señalado el Tribunal de casación (ap. 22) la exclusión de las parejas no casadas del derecho a obtener el permiso en cuestión se refiere tanto a parejas del mismo sexo como del sexo opuesto. Los demandantes no lo contestan.

83
Siendo así, la situación de los demandantes no podría considerarse como análoga a la de una pareja heterosexual no casada. A diferencia de ésta, los demandantes no tienen la posibilidad de casarse en Italia. Por tanto no tienen la posibilidad de considerarse “cónyuges” conforme a la legislación interna. Por tanto, una interpretación restrictiva del concepto de “miembro de la familia” solo constituye un obstáculo insalvable para conceder un permiso de residencia por razones familiares a las parejas homosexuales. Estas tampoco pueden obtener un modo de reconocimiento jurídico distinto del matrimonio, dado que en la época de los hechos, el sistema jurídico italiano no disponía la posibilidad para las parejas homosexuales o heterosexuales que mantenían una relación estable y duradera de acceder a una unión civil o de registrarse como pareja de hecho certificando así su condición y garantizando ciertos derechos esenciales. Asimismo, el Tribunal recuerda haber indicado en su sentencia Oliari y otros (PROV 2015, 189961) (precitada, ap. 170) que, a pesar del desarrollo de la jurisprudencia interna en la materia (expuestos por las partes en el presente asunto – apds. 64, 66 y 69), la situación de las parejas del mismo sexo en Italia todavía era incierta en algunos aspectos. En cualquier caso, el Tribunal observa que el Gobierno no ha mantenido que el desarrollo en cuestión lleve a reconocer en materia de inmigración, un estatuto análogo al de los “cónyuges” a los miembros de una pareja homosexual estable y duradera.

84
El Tribunal también observa que los demandantes habían obtenido la condición de pareja no casada en Nueva Zelandia (ap.. 8) y que, una vez instalados en un Estado que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (Países Bajos), decidieron casarse (ap. 25). Por lo tanto, su situación no podría compararse a la de una pareja heterosexual que, por razones personales, no quiere comprometerse en un matrimonio o en una unión civil.

85
Las consideraciones precedentes en su conjunto llevan al Tribunal a concluir que los demandantes, una pareja homosexual, fueron tratados, en lo que respecta a la concesión de un permiso de residencia por razones familiares, de la misma manera que se trataba a personas en una situación significativamente diferente, es decir, parejas heterosexuales que habían decidido no regularizar su situación.

86
Queda por establecer si el hecho de no haber aplicado un trato diferente en el presente asunto podía justificarse al amparo del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

Ii. Sobre el hecho de saber si existía una justificación objetiva y razonable

α) Principios generales

87
El Tribunal recuerda que una diferencia de trato de situaciones análogas o un trato comparable en situaciones diferentes son discriminatorias si no se basan en una justificación objetiva y razonable, es decir, si no persiguen un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido (véase, mutatis mutandis, Hämäläinen (TEDH 2014, 50) , precitado, ap. 108). Además, la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) solo tiene sentido si, en cada caso en concreto se tiene en cuenta cual es la situación personal del demandante con respecto a los criterios enunciados en esta disposición. Una aproximación contraria dejaría sin contenido el artículo 14 ( Andrejeva contra Letonia (PROV 2009, 69380) [GS], núm. 55707/00, ap. 91, TEDH 2009).

88
Los Estados contratantes gozan de un cierto margen de apreciación para determinar si y en qué medida están justificadas las distinciones de trato (véase, mutatis mutandis, Burden contra Reino Unido (PROV 2008, 129544) [GS], núm. 13378/05, ap. 60, TEDH 2008, y Schalk y Kopf (PROV 2010, 211641) , precitado, ap. 96). El margen de apreciación variará en función de las circunstancias, el ámbito y el contexto; en este sentido, puede constituir un factor aplicable la presencia o ausencia de un denominador común a los sistemas jurídicos de los Estados contratantes ( Petrovic contra Austria (TEDH 1998, 66) , 27 de marzo de 1998, ap. 38, Repertorio 1998-II, y Hämäläinen (TEDH 2014, 50) , precitado, ap. 109).

89
El tribunal declara asimismo que la orientación sexual entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 14. Ha declarado en repetidas ocasiones que, al igual que las diferencias basadas en el sexo, las basadas en la orientación sexual deben estar justificadas por graves motivos o, conforme a otra fórmula empleada, “por razones particularmente graves y convincentes” ( X y otros contra Austria (PROV 2013, 53791) , precitado, ap. 99; véase, por ejemplo, Smith y Grady contra Reino Unido (TEDH 1999, 37) , núms. 33985/96 y 33986/96, ap. 90, TEDH 1999 VI, Lustig- Prean y Beckett contra Reino Unido (TEDH 2000, 401) , núms. 31417/96 y 32377/96, ap. 82, 27 de septiembre de 1999, y L. y V. contra Austria (TEDH 2003, 2) , núms. 39392/98 y 39829/98, ap. 45, TEDH 2003- I, y E.B. contra Francia (TEDH 2008, 4) , precitado, ap. 91, Karner (TEDH 2003, 50) , precitado, ap. 37 y Vallianatos y otros (PROV 2013, 343829) , precitado, ap. 77), sobre todo cuando se trata de derechos que caen al amparo del artículo 8. Las diferencias motivadas únicamente por consideraciones relativas a la orientación sexual son inaceptables en opinión del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) ( Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal (TEDH 1999, 72) núm. 33290/96, ap. 36, TEDH 1999 IX, E.B. contra Francia (TEDH 2008, 4) , precitado, apds. 93 y 96 y X y otros contra Austria (PROV 2013, 53791) , precitado, ap. 99).

90
Finalmente, en lo relativo a la carga de prueba en el ámbito del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , el Tribunal considera que, cuando un demandante establece la existencia de un trato comparable de situaciones significativamente diferentes, corresponde al Gobierno demostrar que esta aproximación estaba justificada (véase, mutatis mutandis, D.H. y otros (PROV 2007, 329300) , precitado, ap. 177).

β) Aplicación de estos principios al presente asunto

91
El Tribunal, debe determinar primero si, en el marco del procedimiento para obtener el permiso de residencia por razones familiares, el hecho de no haber tratado a los demandantes de manera diferente de las parejas heterosexuales que no habían regularizado su situación perseguía un objetivo legítimo. En caso afirmativo, se verificará si hubo una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido (véase, mutatis mutandis, Thlimmenos (TEDH 2000, 122) precitada, ap. 46).

92
El Tribunal observa que, para justificar un trato similar de parejas homosexuales y heterosexuales no casadas en relación con el otorgamiento del permiso de residencia por razones familiares, el Gobierno alega, en esencia, el margen de apreciación que gozan los Estados para proteger la familia tradicional y para decidir si las parejas homosexuales deben tener acceso a las uniones civiles o al registro de parejas de hecho, así como para determinar la naturaleza exacta de la condición conferida (apds. 43, 45, 46, 47 y 65).

93
Si bien la protección de la familia tradicional puede, en determinadas circunstancias, constituir un objetivo legítimo en virtud del artículo 14, el Tribunal considera que, en este área, es decir, la concesión de un permiso de residencia por razones familiares a un miembro extranjero de una pareja del mismo sexo, no podría constituir una razón “particularmente grave y convincente” como para justificar, en las circunstancias del caso, una discriminación basada en orientación sexual (véase, mutatis mutandis, Vallianatos y otros (PROV 2013, 343829) , precitado, ap. 92).

94
El Tribunal observa que en el presente caso, no se acude ante él para examinar in abstracto si el Estado italiano estaba obligado a proporcionar a las parejas del mismo sexo, una forma de reconocimiento legal en el momento en que al segundo demandante se le negó el permiso de residencia por parte del Jefe de Policía de Livorno (18 de octubre de 2004) o bien cuando esta decisión fue confirmada posteriormente en los procedimientos sucesivos, que finalizaron con la sentencia del Tribunal de casación, presentada al registro el 17 de marzo de 2009 (véase, mutatis mutandis, Vallianatos y otros (PROV 2013, 343829) , precitada, ap. 78). Dada la forma en que los demandantes formularon su queja, el Tribunal se limitará a valorar si, en el contexto específico de la denegación de un permiso de residencia al segundo demandante, las decisiones de las autoridades italianas estuvieron basadas en una justificación objetiva y razonable, considerando el hecho de que la aplicación de las disposiciones del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 impidió que los demandantes continuaran en Italia una relación estable y duradera. Es cierto que legislación italiana no trataba de manera diferentemente a las parejas homosexuales solteras de las heterosexuales solteras (ap. 82), pero limitaba la noción de “miembro de la familia” a los cónyuges heterosexuales. No obstante, el hecho de aplicar la misma norma restrictiva del Decreto legislativo núm. 286 de 1998 a las parejas heterosexuales no regularizadas y a las parejas homosexuales, con el único propósito de proteger la familia tradicional (ap. 93), sometió a los demandantes a un trato discriminatorio. De hecho, sin justificación objetiva y razonable, el Estado italiano omitió tratar de forma diferente a las parejas heterosexuales y contar con la capacidad de poder obtener un reconocimiento legal de su relación y así cumplir con los requisitos del derecho interno a los efectos de la concesión del permiso de residencia por razones familiares, una posibilidad de la que no gozan los demandantes ( Thlimmenos (TEDH 2000, 122) , precitado, ap. 44).

95
Por otra parte, el Tribunal señala que es precisamente la imposibilidad de las parejas homosexuales de acceder a una forma de reconocimiento legal, la que situó a los demandantes en una situación distinta a la de una pareja heterosexual soltera (ap. 83). Incluso suponiendo que en la época en causa el Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) no exigía al Gobierno que posibilitara a las personas del mismo sexo comprometidas en una relación estable y seria registrar una unión civil o registrarse como pareja de hecho que certificara su condición y que les garantizara ciertos derechos esenciales, esto no afecta en nada el hecho de que a diferencia de una pareja heterosexual, el segundo demandante no tenía, en Italia, ninguna manera legal de obtener la condición de “miembro de la familia” del primer demandante y por lo tanto beneficiarse de un permiso de residencia por razones familiares.

96
El Tribunal señala que el Gobierno no ha indicado otros objetivos legítimos que puedan justificar la discriminación denunciada por los demandantes. Por consiguiente, considera que, en el marco del procedimiento que iniciaron los demandantes al objeto de obtener el permiso de residencia por razones familiares, el hecho de no haber tratado a los interesados de forma diferente a las parejas heterosexuales no casadas, quienes si tenían acceso a un medio de regularizar su unión, no tenía ninguna justificación objetiva y razonable. En opinión del Tribunal, la interpretación restrictiva aplicada al segundo demandante de la noción de “miembro de la familia” no tuvo en cuenta la situación personal de los demandantes, en especial la imposibilidad de obtener en Italia un modo de reconocimiento legal de su relación (véase, en particular, la jurisprudencia citada en el apartado 87).

97
El Tribunal señala igualmente que el Gobierno no ha contestado las observaciones de ICJ, ILGA-Europe y NELFA según la cual existiría, a nivel mundial, un “significativa tendencia” a tratar a los miembros de una pareja homosexual como “miembros de la familia” y a reconocerles el derecho a vivir juntos (ap. 77), ni el análisis de legislación comparada que ha llevado a la ECSOL a concluir la emergencia de un consenso europeo en el que, en materia de inmigración, las uniones entre parejas del mismo sexo sea vistas como “vida familiar” (ap. 79). En este sentido, señala, que se deduce de los documentos europeos aplicables (apds. 31 a 34) que tanto el Parlamento Europeo como la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa declararon problemática una interpretación restrictiva por parte de los Estados miembros de la noción de “miembro de la familia” en el campo de la inmigración.

γ) Conclusión

98
Visto lo precedente, el Tribunal estima que en la época en cuestión, al decidir tratar, a los fines de concesión de un permiso de residencia por razones familiares, de la misma manera a las parejas homosexuales que a las heterosexuales que no habían regularizado su situación, el Estado vulneró el derecho de los homosexuales a no sufrir discriminación basada en la orientación sexual en el disfrute de sus derechos al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

99
Se deduce que ha habido violación del artículo 14 en relación con el artículo 8.

II. Sobre la violación del artículo 8

100
En una carta de 26 de agosto de 2015 los demandantes solicitaron al Tribunal que declarara asimismo la violación del artículo 8, leído solo, debido a la ausencia, en Italia, de disposiciones legales específicas a favor del reconocimiento y de la protección entre personas del mismo sexo. Invocan los principios enunciados en la sentencia Oliari et autres (PROV 2015, 189961) (precitada).

101
El Tribunal señala que esta queja no se planteó en el formulario de demanda y que no se ha dado traslado al Gobierno. Además señala que la cuestión de la ausencia en Italia de una forma de reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales tal solo fue mencionada por los demandantes en una comunicación no solicitada presentada por los demandantes después del intercambio de observaciones entre las partes, mientras que en su memoria ante el Tribunal los interesados habían expresado explícitamente que el objeto de su demanda no era el tener acceso a un registro de parejas de hecho (ap. 73). Además observa que al plantear la nueva queja (el 26 de agosto de 2015), los demandantes no residían en Italia desde hacía seis años y que, después de haber contraído matrimonio en Ámsterdam el 8 de mayo de 2010 había obtenido en su país de residencia un reconocimiento jurídico de su relación después de cinco años y tres meses (apds. 24-25) En estas circunstancias, el Tribunal estima que, como muy tarde a partir de la fecha del matrimonio en los Países Bajos, los demandantes dejaron de estar afectados por la situación que denuncian, es decir, la ausencia en Italia de una forma de reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo.

102
Se deduce que esta queja es extemporánea y debe ser rechazada en aplicación del artículo 35.1 y 35.4 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) .

III. Aplicación del artículo 41 del convenio (RCL 1999, 1190 y 1572)

103
El artículo 41 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) dispone,
“Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”.

A. Daños

104
Los demandantes reclaman 20.000 euros (EUR) en concepto de daño moral. Afirman que después de octubre de 2004, las autoridades negaron la existencia de la discriminación de la que se afirman víctimas. Afirman haberse visto obligados a “exiliarse” en los Países Bajos en julio de 2009, lejos de la familia del primer demandante. En una carta de fecha 26 de agosto de 2015 (apds. 100-101), los demandantes indicaron que también reclamaban la suma de 5.000 euros cada uno por el daño moral derivado de la violación alegada del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) leído solo.

105
El Gobierno se somete a la sabiduría del Tribunal.

106
Considerando su jurisprudencia en la materia, el Tribunal considera que procede otorgar conjuntamente a los demandantes la cantidad de 20.000 euros en concepto de daño moral derivado de la violación constatada del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8.

B. Costas y gastos

107
Los demandantes reclaman asimismo 10.924,58 en concepto de costas y gastos satisfechos ante los tribunales nacionales y 8.000 euros por aquellos satisfechos ante el Tribunal. En este sentido, presentan cinco notas de gastos del abogado que les representó a nivel interno (por las cantidades de 2.413,78 euros, 1. 836 euros, 1.836 euros, 2.360 euros y 2.478,80 euros) y una carta de su representante ante el Tribunal indicando que, en caso resolución favorable en el procedimiento europeo, estaban obligados a pagarle la suma de 8.000 euros.

108
El Gobierno se somete a la sabiduría del Tribunal.

109
Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante solo puede obtener el reembolso de los gastos y las costas en la medida en que se establezca su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su cuantía. En el presente asunto y considerando los documentos en su poder y su jurisprudencia, el Tribunal estima razonable la cantidad total reclamada por los demandantes, es decir 18.924,58 euros y la otorga a los interesados

C. Intereses de demora

110
El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.

POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL

1
Declara , por unanimidad, la demanda relativa a la queja al amparo del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8, admisible y el resto de la demanda inadmisible;

2
Declara, por seis votos a uno que ha habido violación del artículo 14 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) en relación con el artículo 8;

3
Declara , por seis votos a uno,
a) Que el Estado demandado deberá abonar a los demandantes conjuntamente, dentro del plazo de tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, de conformidad con el artículo 44.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) , las sumas siguientes:
i. 20.000 EUR (veinte mil euros) más las cargas fiscales correspondientes en concepto de daño moral;
ii. 18.924,58 EUR (dieciocho mil novecientos veinticuatro euros con cincuenta y ocho céntimos) más las cargas fiscales correspondientes, en concepto de gastos y costas
b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;

4
Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.

Hecha en francés, y notificada por escrito el 30 de junio de 2016 de conformidad con el artículo 77.2 y 77.3 del Reglamento. Firmado: Abel Campos, Mirjana Lazarova Trajkovska. Secretario, Presidente
Se adjunta a la presente sentencia, de conformidad con los artículos 45.2 del Convenio (RCL 1999, 1190 y 1572) y 74.2 del Reglamento, la exposición de las opiniones separadas siguientes:
– opinión concordante del Juez Spano, a la que se une el Juez Bianku;
– opinión parcialmente disidente del Juez Sicilianos.

19 de junio de 2018

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